Con motivo del 1 de mayo de 1967, los metalúrgicos sevillanos trataron de celebrar una asamblea en el salón de actos de la Delegación del Sindicato oficial (franquista). Se consideraban legitimados para hacerlo porque, en las elecciones sindicales de 1966, las candidaturas de las clandestinas Comisiones Obreras habían triunfado. Dirigieron un escrito a la citada delegación solicitando el salón de actos y exponiendo en el mismo los temas a tratar en la asamblea, es decir los problemas de los trabajadores, que no eran pocos.
La petición fue denegada, porque las cuestiones que pretendían exponer eran subversivas. Ante esta prohibición, consiguieron permiso para poder asistir a un acto organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica en el Palacio Arzobispal. Se trataba de una conferencia sobre el 1 de mayo desde el punto de vista cristiano. Asistieron al acto 2.000 sindicalistas. Al final de la conferencia pidieron a gritos sindicatos libres, libertad y amnistía para los presos políticos. Después cuando salieron del Palacio Arzobispal vieron que la Plaza de la Virgen de los Reyes estaba tomada por fuerzas de la Policía Armada, en formación, aguardando la salida de todos trabajadores.
Estos comenzaron a salir lentamente, a manifestarse, pero en la calle Alemanes eran seguidos muy de cerca por la Policía Armada. El número de manifestantes mermó: sólo seguían 200 de los 2.000. Cuando llegaron a la puerta del Banco de España, la Policía trató de dispersarlos y comenzó a pegar. Hay testigos que lo vieron: “Un capitán de la Policía Armada, con esas botas que usaban entonces, dio un puntapié en la espinilla a un trabajador de Hispano Aviación. Aquello sonó mal, a fractura de hueso”. En aquel momento, miembros de la Brigada Político Social salían de la calle Sierpes y se dirigían a la Plaza de San Francisco. Alguien dijo: “Esos vienen a por nosotros”. Llegaron y ordenaron a varios miembros de la Policía Armada que detuvieran a Fernando Soto y a Eduardo Saborido.
Los esposaron con las manos atrás y, a empujones, los hicieron subir a un furgón policial. El gobernador Utrera Molina ordenó su ingreso en prisión a disposición de la autoridad judicial.
Los sindicalistas de ayer arrostraban el peligro de las manifestaciones y de las contundentes reacciones de la Policía, porque estaban convencidos de que no había que reclamar retóricamente los derechos sino ejercerlos, incluido el derecho a manifestarse. Suerte e imaginación para los del 15 M.
